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El pasado jueves se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra el ex alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez Escobar, y cinco ex funcionarios de su administración, implicados en un escándalo de irregularidades en la contratación del PAE para el año 2009.

A la totalidad de las personas les fueron imputados cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo.

Al parecer en ese año, bajo la administración de Ramírez Escobar, se habrían cometido ciertas irregularidades en dos contratos que celebró el municipio con una empresa, para darle cumplimiento al Plan de Alimentación Escolar, PAE.

Se trata de los contratos 626 del 4 de agosto del año 2009, por valor de 1.506.960.000 de pesos, al que se le hizo una adición por la suma de 677.040.000 de pesos, y el 385 del 12 de julio del año 2010 por 1.746.244.500 de pesos, al cual se le sumaron 861.783.000 de pesos.

Además del exalcalde, también fue imputada Luisa Fernanda Flores Rincón, quien se encuentra detenida en un centro penitenciario de Bucaramanga por el caso PAE en Santander, por lo que hizo presencia de manera virtual.

Ella, para el año 2010, actuó como representante legal de la empresa contratista Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., con la cual se firmaron los contratos que tenían por objeto el suministro de raciones alimentarias para la población escolar en Neiva.

Los otros imputados, que tampoco aceptaron cargos, fueron Euclides Dussán García, exjefe de contratación; y Enrique Vargas Leyva, exsecretario de Educación y hoy rector de un colegio en la capital huilense, a quienes se les formuló cargos en calidad de servidores públicos.

Por su parte, a María Cristina Forero Vargas y a Daniel Francisco Alvira Trujillo, se les imputó en calidad de intervinientes, ya que figuran como interventores de los contratos. Para el 11 de diciembre próximo se fijó la audiencia de solicitud de medidas no privativas de la libertad.

 

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